Un campamento paraliza desde hace 75 días el acceso a proyecto de planta de residuos en La Cuaba
La Policía mantiene la vigilancia en la zona, pero el paso hacia la propiedad sigue restringido
Jesús Vásquez
Los promotores de una planta de industrialización de residuos permanecen desde hace 75 días sin poder acceder a los terrenos donde se desarrollará el proyecto debido al campamento que mantienen residentes de la comunidad Los Aguacates, en La Cuaba.
Durante una visita al lugar, Diario Libre comprobó que, aunque la Policía Nacional mantiene una presencia permanente en la zona, el libre acceso a la propiedad continúa restringido.
La protesta, iniciada el pasado 30 de abril, mantiene enfrentados a representantes del proyecto y a comunitarios que rechazan la iniciativa por considerar que podría afectar el medioambiente y las fuentes de agua de la zona. La tensión ha obligado a una vigilancia constante de agentes policiales para evitar enfrentamientos.
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El asesor de la empresa Oakhouse para el proyecto, Osiris de León, afirmó que la iniciativa cuenta con todos los permisos ambientales y técnicos requeridos y atribuyó la paralización a la falta de entendimiento con la comunidad.
“Desde que estemos de acuerdo entre las autoridades y las comunidades, el proceso iniciaría de inmediato”, expresó.
El campamento
Fabio Correa, vocero del colectivo No Vertedero en La Cuaba, sostuvo que los residentes mantendrán el campamento hasta que se realicen nuevas consultas públicas sobre el proyecto y las autoridades reconsideren la situación.
Aseguró que la comunidad nunca fue debidamente escuchada y teme que la instalación termine convirtiéndose en otro vertedero con impactos sobre la salud y el entorno.
Correa denunció además que la semana pasada varias personas que, según dijo, representaban a la empresa acudieron al campamento armadas para intimidar a los manifestantes.
“Andan acompañados de tigres fuertemente armados y van al campamento para tratar de provocar una situación diciendo que son empleados de la empresa”, afirmó.
Denuncias
De forma paralela, Diario Libre recibió por correo electrónico denuncias atribuidas a contratistas y familiares vinculados al proyecto, quienes sostienen que la imposibilidad de acceder a los terrenos les ha ocasionado pérdidas económicas y solicitaron la intervención de las autoridades para restablecer el libre tránsito hacia la propiedad. Este medio no logró establecer contacto con los remitentes ni con representantes de la empresa contratista para confirmar esas versiones.
La oposición al proyecto se remonta a 2021, ya que la zona alberga fuentes acuíferas y forma parte de la microcuenca del río Matúa, afluente del sistema Ozama-Isabela. Los comunitarios consideran indispensable revisar nuevamente los estudios ambientales antes de permitir la construcción.
Oakhouse rechaza esos señalamientos. De León aseguró que la planta fue concebida bajo estándares modernos de valorización e industrialización de residuos y que contará con sistemas de tratamiento de lixiviados, geomembranas de alta seguridad y procesos cerrados que impedirán emisiones contaminantes.
“El proyecto ni debe, ni puede, ni va a producir ningún tipo de impacto ambiental negativo, porque nuestro compromiso es garantizar cero impacto ambiental al entorno”, afirmó. Según explicó, la instalación procesará materiales reciclables para reincorporarlos como materias primas, en un modelo de economía circular que, asegura, difiere completamente de un vertedero tradicional.
Entre los argumentos técnicos presentados por la empresa figura que el terreno posee un basamento de roca volcánica basáltica impermeable que, según sostiene, impide la infiltración de líquidos al subsuelo. Mientras ambas partes mantienen posiciones irreconciliables, el proyecto continúa paralizado y el conflicto entra en su tercer mes sin una solución a la vista.
Jesús VásquezJoven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.