El pacto fiscal también necesita una agenda minera

El alza internacional de los combustibles y la electricidad, y el esfuerzo del Estado por amortiguarla mediante subsidios, ejercen una presión creciente sobre los hogares, la competitividad de las empresas y las cuentas públicas. Por eso es oportuno el llamado de distintos sectores a un diálogo público-privado para construir un pacto fiscal integral. Pero ese pacto quedará incompleto si solo discute cuánto gasta y cuánto recauda el Estado: también debe ocuparse de cómo el país produce, exporta y atrae inversión. En ese debate, la minería tiene una contribución concreta que presentar y responsabilidades que asumir.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 dimensiona el desafío: para el Gobierno Central prevé ingresos por aproximadamente RD$1.51 billones y gastos por RD$1.84 billones, con un déficit financiero de RD$327,281.5 millones. Cerrar esa brecha no dependerá solo de gastar mejor y recaudar con más eficiencia: también hace falta más actividad económica.

La minería ya aporta a esa ecuación. Entre enero y agosto de 2026, la Dirección General de Impuestos Internos reportó RD$26,763.1 millones bajo el renglón Impuesto a la Minería, un 35.1 % más que en igual período del año anterior. Es un dato preliminar y parcial, pero confirma una contribución relevante.

El sector también genera divisas. En esos ocho meses, las exportaciones de la minería metálica sumaron US$2,251.6 millones, un 43.5 % más que en 2025, y representaron el 52.2 % de las exportaciones nacionales. El oro aportó US$2,019.2 millones, cerca del 90 % de ese total, y explicó por sí solo el 58.7 % del incremento de las exportaciones de bienes. Para una economía que importa combustibles, equipos e insumos, esas divisas tienen valor estratégico. A ello se suman US$441 millones de inversión extranjera directa reinvertida en la minería durante el primer semestre: capital comprometido con actividades productivas de largo plazo.

La minería no metálica también cuenta. Sus exportaciones —sal, yeso, cales, agregados y piedras ornamentales— sumaron US$11.2 millones, 9.1 % menos, aunque el yeso creció 59.5 % y los agregados, 15.7 %. Pero su mayor aporte está dentro del país: abastece la construcción, la fabricación de cemento y las obras de infraestructura.

Estas cifras deben leerse con rigor. Buena parte del auge exportador responde a los altos precios del oro, no a un aumento equivalente de la producción: la actividad de minas y canteras creció apenas 3.6 % entre enero y agosto, y se contrajo 14.6 % en agosto por mantenimientos programados. Con el oro como eje casi exclusivo de las exportaciones metálicas, una parada técnica en pocas operaciones puede mover el indicador de todo el sector. Esa concentración, en un contexto de precios altos, refuerza la conveniencia de ampliar la matriz minera y de agregar más valor en el país, de modo que el aporte del sector sea menos dependiente de un solo mineral y de la coyuntura de precios.

Esto tiene una consecuencia para el pacto fiscal: si parte de los ingresos actuales responde a precios elevados del oro, esos recursos no deberían financiar gasto permanente. Un mecanismo que reserve una porción de esos recursos en períodos de bonanza y la libere cuando los precios se normalicen contribuiría a proteger las finanzas públicas de la volatilidad, sin alterar el régimen fiscal ordinario de la actividad.

Mirar más allá de la coyuntura exige instituciones capaces, información confiable y reglas previsibles. Una institucionalidad minera sólida evalúa mejor los proyectos, supervisa obligaciones, responde con fundamento a las comunidades y reduce la incertidumbre para inversionistas y ciudadanos por igual. El presupuesto permite dimensionar esa capacidad: el proyecto de 2027 asigna al Ministerio de Energía y Minas RD$393.2 millones para el programa de regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y de pequeña escala y artesanal. Esa asignación equivale a menos del 1.5 % de lo que el sector aportó solo por el Impuesto a la Minería en ocho meses, lo que respalda la conveniencia de dotar al Ministerio de más recursos técnicos y humanos para ejercer con eficacia las funciones de evaluación y fiscalización que la actividad requiere.

Ese fortalecimiento debe acompañarse de una reforma de la Ley Minera 146-71, vigente desde 1971, que aporte seguridad jurídica y un régimen fiscal claro, equilibrado y fiscalizable. Eso supone evaluar en conjunto regalías, impuestos y contribuciones; reconocer que la inversión en un yacimiento debe poder recuperarse durante su vida útil, y resolver un problema práctico: los anticipos y los saldos a favor que tardan en devolverse inmovilizan capital que podría destinarse a producir. El objetivo es doble: asegurar al Estado una participación justa en la riqueza minera, también en los ciclos de precios altos, y mantener las condiciones para atraer inversión responsable.

Una agenda minera dentro del pacto fiscal podría concretarse en cinco puntos. Primero, la reforma de la ley, con un régimen fiscal integral y previsible. Segundo, un catastro y un sistema público de información minera que permitan saber qué se explora, qué se produce y qué se paga. Tercero, el fortalecimiento técnico y presupuestario de las instituciones que evalúan y fiscalizan, con plazos de respuesta definidos. Cuarto, un mecanismo de estabilización para los ingresos extraordinarios del oro. Quinto, continuar con la práctica de publicar contratos, pagos y resultados de fiscalización, conforme a los estándares internacionales de transparencia en las industrias extractivas.

El sector empresarial puede contribuir a ese esfuerzo con prácticas verificables de cumplimiento ambiental, seguridad laboral, transparencia, diálogo temprano y generación de oportunidades para proveedores y territorios. Los temas de uso del agua, disposición de relaves y relación con las comunidades forman parte de los estándares que el propio sector y la regulación ya reconocen como relevantes para la continuidad de las operaciones y para la aceptación social de los proyectos. La legitimidad de la actividad se construye con resultados y con la disposición de rendir cuentas. En esa misma lógica, la evaluación de nuevos proyectos debe considerar de manera integrada su viabilidad técnica, ambiental, económica y social, y las proyecciones de aporte deben formularse con criterios prudentes y realistas.

La protección social necesita una economía capaz de sostenerla. Cada dólar que exporta la minería ayuda a pagar los combustibles que el país importa, y cada peso que tributa amplía el margen para proteger a los hogares. Un pacto fiscal con visión de futuro no solo debe administrar mejor los recursos: debe ayudar a generarlos. La minería responsable puede contribuir a ambas tareas, y debe estar dispuesta a asumir su parte.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.