Pablo UlloaIguales ante la ley, iguales ante el estado
San Pedro de Macorís acoge debate sobre igualdad real e institucionalidad
Llegué a San Pedro de Macorís para continuar hablando del nuevo Código Penal y terminé pensando en una palabra que aparece con frecuencia en nuestras leyes, pero cuya realización cotidiana sigue siendo uno de los grandes desafíos de cualquier democracia: igualdad. San Pedro provoca esa reflexión porque pocas ciudades dominicanas condensan de manera tan visible el encuentro entre procedencias, culturas, trabajo y migraciones. Su historia —marcada por los ingenios azucareros, por comunidades llegadas de distintos lugares del Caribe, por expresiones culturales como la cocola y los Guloyas que hoy son patrimonio dominicano— demuestra que una sociedad puede construirse desde la diversidad. La Constitución agrega una exigencia todavía mayor: que todas las personas que forman parte de esa sociedad encuentren la misma dignidad frente a la ley y frente a las instituciones.
Pensaba en ello mientras desarrollábamos una nueva jornada de la Ruta por la Ciudadanía. Después de Dajabón y Nagua, llegamos a San Pedro con la misma metodología: facilitadores, tarjetones pedagógicos, conversatorios, actores comunitarios e instituciones públicas y locales. Pero cada provincia empieza a enseñarme algo distinto.
El nuevo Código Penal ofrece la oportunidad de hablar de delitos y penas, pero también de algo anterior a ambos: qué hemos decidido proteger como sociedad. Protegemos la vida porque tiene valor; la integridad y la dignidad porque ninguna persona puede convertirse en objeto de otra; el patrimonio, la libertad y ciertos bienes colectivos porque hacen posible nuestra convivencia. Por eso enseñar el Código exclusivamente mediante números de artículos sería insuficiente. Nadie necesita memorizar disposiciones para ejercer ciudadanía; necesita reconocer cuándo una situación afecta sus derechos y saber ante cuál institución buscar orientación. La secuencia que hemos adoptado —reconocer, proteger, conservar, orientarse y actuar— busca transformar información jurídica en capacidad ciudadana.
Y aquí San Pedro introduce una pregunta fundamental: ¿somos realmente iguales ante la ley cuando no somos igualmente capaces de comprenderla o de acceder a las instituciones encargadas de aplicarla?
La respuesta comienza en la Constitución. Su artículo 39 proclama que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección y trato de las instituciones. Pero no se conforma con una igualdad escrita: exige al Estado promover las condiciones jurídicas y administrativas necesarias para que esa igualdad sea real y efectiva. Esa última expresión cambia profundamente la responsabilidad pública.
Porque dos personas pueden poseer formalmente el mismo derecho y encontrarse en condiciones muy distintas para ejercerlo. Una conoce el procedimiento e identifica de inmediato la institución competente. La otra no comprende el lenguaje de la administración y comienza un recorrido de oficinas hasta cansarse. Ambas eran iguales en el texto; su experiencia frente al Estado fue diferente.
Ahí aparece una dimensión de la institucionalidad de la que deberíamos hablar más: la comprensibilidad también es una condición de acceso a los derechos. En San Pedro, cada tema del Código —protección del cuerpo y la dignidad, vida y seguridad personal, violencia dentro del hogar, nombre e imagen— se explicó mediante tarjetones con un código QR que enlaza directamente a la guía oficial "El nuevo Código Penal explicado para todos y todas", publicada por la Procuraduría General y difundida por la Presidencia. No es un gesto simbólico: es reducir, con una herramienta concreta y verificable, la distancia entre el derecho reconocido y el derecho comprendido.
Explicar la ley con claridad no simplifica el derecho; democratiza su acceso.
Lo mismo ocurre con la escucha. En Nagua escribí que una democracia madura también debe saber cuándo entregar el micrófono. San Pedro agrega algo: después de entregarlo, hay que asegurarse de que todas las voces tengan posibilidades reales de ser escuchadas —no solo la de quien domina el lenguaje administrativo, también la de quien llega por primera vez o simplemente sabe que algo no está bien, aunque aún no conozca el nombre jurídico de lo que le ocurre.
Un Estado Social y Democrático de Derecho no debería exigirle al ciudadano convertirse en especialista para relacionarse con él. La complejidad jurídica puede ser inevitable; la complejidad institucional no debe convertirse en una forma de exclusión. Cada formulario incomprensible, cada competencia que nadie explica, cada peregrinaje innecesario entre dependencias aumenta esa distancia — y no afecta a todos por igual: castiga más a quien tiene menos herramientas para atravesarla.
Dajabón nos dejó una primera enseñanza: la ley tiene que llegar a la gente. Nagua agregó una segunda: cuando el Estado llega, tiene que saber escuchar. San Pedro incorpora una tercera: no basta con llegar y escuchar; hay que garantizar que la relación con las instituciones no reproduzca las desigualdades que el propio derecho pretende superar.
La Constitución ya nos dio la respuesta jurídica: igualdad ante la ley e igualdad de trato por las instituciones. Nuestra generación tiene que producir la respuesta práctica — porque la igualdad no se completa cuando el derecho reconoce a todos por igual, sino cuando cualquier ciudadano puede comprenderlo, ejercerlo y encontrar un Estado que lo trate con la misma dignidad.
Vamos por lo que nos une.
Pablo UlloaDefensor del Pueblo de la República Dominicana.