El plato de lentejas de Cotuí

Hay una escena del Génesis que explica la vida pública dominicana mejor que muchos tratados de ciencia política. Esaú vuelve del campo agotado, huele el guiso de su hermano y entrega su primogenitura por un plato de lentejas. Lo escandaloso del pasaje no es el hambre: es el precio. Un pueblo cansado siempre negocia mal, y quien tiene el guiso lo sabe.

Cotuí lleva décadas sentado a esa mesa.

El guion se repite; solo se turnan los actores

Quien recorre los foros, los grupos de mensajería y las tribunas digitales de esta provincia reconoce el libreto sin necesidad de subtítulos. Hay siempre un bloque que denuncia con verdadera indignación: el polvo, el agua turbia, el fondo que no llega, el contrato que nadie explica. Y hay siempre otro bloque que responde que las cosas van bien, que hay que tener paciencia, que la denuncia es politiquería.

Lo notable es que ninguno de los dos discursos tiene dueño fijo. Cambia el signo del poder y los argumentos cruzan la calle intactos, como muebles que se mudan de casa sin perder una pata. El que ayer exigía auditoría hoy pide prudencia; el que ayer pedía prudencia hoy exige auditoría. Ninguno miente del todo: cada uno dice la verdad que le toca por turno. La indignación se ha vuelto un cargo público más, que se ejerce mientras se está fuera y se entrega al salir.

El resultado de esa rotación es aritméticamente perfecto: dos bandos ganan alternadamente y la provincia pierde siempre. Es la única sociedad donde los papeles de víctima y victimario se intercambian sin que nadie se moleste en cambiar los hechos.

La aritmética del trasvase: cinco contra medio

Ahora llega el proyecto de seguridad hídrica del embalse de Hatillo: unos 750 millones de dólares para captar agua del embalse, potabilizarla y conducirla por unos 85 kilómetros hasta el Gran Santo Domingo. Que la capital necesita agua es indiscutible, y nadie con sentido de nación se opondría a que cuatro millones de personas beban.

Pero conviene leer el reparto con calma. La primera etapa contempla trasvasar cinco metros cúbicos por segundo hacia el Gran Santo Domingo y medio metro cúbico por segundo hacia las comunidades de Sánchez Ramírez. Diez a uno. El agua nace aquí, se represa aquí, ocupó tierras de aquí, desplazó familias de aquí, y de cada once partes que salgan de ese embalse, la provincia se quedará con una.

Nadie discute la obra: se discute la proporción. Y la proporción es el único lenguaje en el que se mide la justicia distributiva.

Mas de diez mil millones de pesos

Esta no es la primera vez que se hace la cuenta y se pierde el vuelto. El párrafo II del artículo 117 de la Ley 64-00 establece que, cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o los municipios donde esté ubicada la explotación recibirán el 5% de los beneficios netos generados. Es una norma de 2000, escrita en castellano llano, sin metáforas.

Lo que ha ocurrido en la práctica está documentado: en lugar de ese 5% real, los gobiernos han asignado partidas fijas muy inferiores, y estimaciones certificadas cifran en más de diez mil millones de pesos lo que Sánchez Ramírez dejó de recibir entre 2015 y 2024. No se trata de una interpretación jurídica sofisticada ni de un litigio de doctrina: es un incumplimiento de una obligación legal expresa, sostenido por gobiernos de distinto color con una constancia que ya merece llamarse política de Estado.

Potosí (Bolivia) también fue, durante dos siglos, la ciudad más rica del mundo. Hoy se la visita para entender qué le ocurre a un territorio que produce metal y no acumula derecho.

Canchas, sillas plásticas y la paciencia como virtud

La contrapartida de ese vacío es un catálogo de obras menores que se inauguran con más solemnidad de la que resisten: aceras, contenes, canchas, remodelaciones, donaciones de sillas plásticas a juntas de vecinos. Nada de eso es despreciable. Todo eso es insuficiente, y la insuficiencia se vuelve ofensa cuando se presenta como generosidad.

Mientras tanto, los problemas de fondo permanecen sin acta de defunción y sin solución. UTECO, La universidad estatal de la provincia minera, sostiene a cientos de docentes y administrativos fuera de cualquier sistema digno de pensiones y jubilaciones, lo cual significa, sin eufemismos, que quien enseñó treinta años en el territorio del oro se retirará con menos garantías que un obrero de la mina. Y todo ello ocurre en la provincia que aporta la presidencia del Senado de la República, es decir, con una capacidad de gestión institucional que sería temerario calificar de escasa.

Lo que Esaú aprendió tarde

Esaú no perdió su herencia por pobre, sino por apurado. Vendió barato porque midió su necesidad de hoy y no el valor de lo suyo. Cuando quiso reclamar, la bendición ya tenía otro nombre y las lágrimas no revirtieron el contrato.

Sánchez Ramírez todavía está a tiempo, pero el plazo no es eterno. Lo que la ley concede y no se cobra no se acumula: se prescribe. Y el día en que el agua vaya por la tubería y el oro por el puerto, ya no habrá nada que negociar, salvo el recuerdo de haber estado sentados a la mesa el día del reparto.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.