La credibilidad del desarrollo

La República Dominicana ha crecido. Esa es una verdad estadística. La pregunta más importante es otra: si ese crecimiento responde a una visión de país o a una suma de ventajas, coyunturas y decisiones parciales. Porque una economía puede expandirse sin haberse ordenado. Puede avanzar sin haberse pensado. Y puede incluso exhibir buenos números mientras posterga las preguntas más decisivas sobre su sostenibilidad, su legitimidad y su dirección. Esta es una de las reflexiones más importantes de la ponecia de Ligia Bonetti en el acostumbrado almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMRD).

El desarrollo del futuro  ya no solo depende de lo que el país tiene, sino de la credibilidad con que sea capaz de organizarlo. No bastará con la geografía. No bastará con nuestra relativa estabilidad. No bastará con el entusiasmo alrededor del nearshoring, la inversión o la relocalización de cadenas productivas. La ventana puede estar abierta; pero si el país no transmite confianza, coherencia y capacidad de ejecución, esa ventana no se convierte en destino.

Por eso, la realidad de este momento va mucho más allá de la manufactura, de los incentivos o de la coyuntura comercial internacional. Lo que realmente está en juego es si la República Dominicana será capaz de pasar de un crecimiento apoyado en circunstancias favorables a un crecimiento sostenido por decisiones estratégicas. Dicho de otro modo: si sabrá convertir oportunidad en política, expectativa en institucionalidad y potencial en confianza.

Y justo ahí es donde la minería formal debe ser colocada dentro de la conversación nacional, no al margen de ella.

Durante demasiado tiempo, el debate minero ha oscilado entre dos simplificaciones igualmente estériles. De un lado, una defensa cerrada que pretende agotar la discusión en empleo, inversión y cumplimiento normativo. Del otro, una crítica absoluta que convierte toda actividad extractiva en una amenaza incompatible con cualquier idea de desarrollo. Ninguna de esas posiciones le sirve al país. Ninguna ayuda a pensar con seriedad. Ninguna construye soluciones.

La verdad debe exigirnos más. No hay desarrollo moderno sin base material. No hay infraestructura sin agregados. No hay industria sin insumos. No hay transición energética sin minerales estratégicos. No hay expansión logística, construcción o transformación productiva sin recursos que hagan posible todo lo demás. Un país puede decidir cómo aprovecha su subsuelo, bajo qué condiciones y con qué límites. Lo que no puede hacer, sin caer en una ficción cómoda, es actuar como si pudiera prescindir por completo de él.

Pero reconocer esa realidad no le concede a la minería una legitimidad automática. Y ahí está el punto central. Ya los tiempos de invocar legalidad, permisos o aporte fiscal pasaron. Todo eso sigue siendo indispensable. Pero ya no es suficiente. Hoy, el verdadero desafío es otro: la credibilidad.

La legalidad habilita. La credibilidad sostiene.

La legalidad se verifica en expedientes, autorizaciones y procedimientos. La credibilidad, en cambio, se mide de otra manera: en la transparencia con que se decide, en la consistencia entre lo que se promete y lo que se hace, en la capacidad de prevenir y corregir, en la seriedad con que se atienden las preocupaciones sobre agua, territorio y comunidad, y en la disposición de asumir que los temores sociales no siempre nacen de la ignorancia, sino muchas veces de experiencias históricas mal procesadas.

Ese es el punto que el país necesita comprender, y que el propio sector minero debe comprender también: la licencia legal no sustituye la licencia social. Puede autorizar el inicio de una operación; no garantiza su legitimidad. Puede abrir un procedimiento; no construye confianza. Y sin confianza, tarde o temprano, todo desarrollo encuentra su límite.

Esto no es una concesión retórica a la crítica. Es una constatación de época. Los países ya no compiten solamente por atraer capital. Compiten por credibilidad institucional. Compiten por reglas previsibles. Compiten por demostrar que saben procesar conflictos sin arbitrariedad, que pueden articular crecimiento con sostenibilidad y que sus sectores productivos entienden que el desarrollo no se impone: se construye socialmente.

Desde esa lógica, la minería no puede seguir hablándose a sí misma. Tiene que insertarse en una conversación nacional más amplia sobre competitividad, energía, infraestructura, territorio, innovación, formación técnica y confianza. Mientras más aislada se presente, más vulnerable será. Mientras más logre mostrar que forma parte de una arquitectura productiva más amplia, más posibilidades tendrá de ser entendida como parte de la solución y no solo como foco de controversia.

Eso exige un cambio de enfoque.

El sector no necesita seguir usando un lenguaje tan técnico. Necesita hablar mejor.

Necesita menos reflejo defensivo y más capacidad de explicación. Menos tecnicismo autosuficiente y más pedagogía pública. Menos reacción tardía y más presencia territorial. Menos comodidad en el dato agregado y más atención a la experiencia concreta de las comunidades donde el desarrollo toca la tierra, altera paisajes, modifica economías locales y pone a prueba la legitimidad de las instituciones.

La República Dominicana, además, enfrenta una discusión que no puede seguir fragmentada. La competitividad energética, la formación acelerada de talento, la adopción tecnológica, la seguridad jurídica y la credibilidad institucional no son agendas separadas; forman parte de una misma ecuación. El debate sobre nearshoring ha vuelto a recordarlo: las oportunidades no se materializan por sí solas; requieren preparación, articulación y capacidad de respuesta. Esa lección vale para la industria, para el Estado y también para la minería.

Conviene entonces reformular la pregunta. La cuestión no es si el país está “a favor” o “en contra” de la minería. Diría que es hasta infantil esa forma para plantear un debate demasiado serio. Lo que si debemos cuestionar es: qué tipo de minería está dispuesto a admitir un Estado democrático, bajo qué reglas, con qué garantías, con qué vigilancia, con qué beneficios compartidos y con qué exigencia ética y ambiental. Ahí comienza una discusión con categoría de Estado. Ahí empieza, de verdad, la política pública.

Porque el desarrollo no se desacredita solo cuando fracasa. También se desacredita cuando, aun creciendo, no logra convencer. Cuando no sabe explicar sus costos, sus límites, sus beneficios y sus controles. Cuando pide confianza sin construirla. Cuando reclama legitimidad sin asumir la carga de merecerla.

Y ese, precisamente, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

La República Dominicana no necesita elegir entre crecer o cuidarse. Necesita demostrar que es capaz de hacer ambas cosas con inteligencia institucional. Necesita probar que puede ordenar su desarrollo con visión, con reglas, con responsabilidad y con sentido de realidad. Necesita mostrar que su futuro no descansará solo en ventajas naturales o en coyunturas externas, sino en la seriedad con que administre sus decisiones más sensibles.

En ese marco, la minería formal tiene una tarea ineludible: demostrar que puede ser compatible con una idea moderna de país; que entiende que el territorio no es un obstáculo, sino una responsabilidad; y que ha comprendido, por fin, que en el siglo XXI la discusión no termina cuando se obtiene un permiso. Ahí es donde apenas comienza.

Porque, al final, la credibilidad del desarrollo no se juega en los discursos ni en las estadísticas, sino en la capacidad de un país para hacer legítimo aquello que decide impulsar. Y en ningún otro lugar esa prueba es más visible que allí donde el desarrollo deja de ser una promesa y se convierte en presencia concreta sobre el territorio.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.