Seguridad jurídica y desarrollo: el costo de un sistema legal a dos velocidades en la RD

Al analizar el sistema jurídico dominicano son reiteradas las observaciones del empresariado sobre la importancia de la seguridad jurídica y la previsibilidad de las reglas del juego. Para invertir, contratar, acceder a financiamiento y desarrollar proyectos de largo plazo se requieren marcos normativos claros, estables y actualizados. Cuando las normas civiles, laborales, societarias, comerciales o inmobiliarias se quedan rezagadas, se abren zonas grises que encarecen las transacciones —más due diligence, más cláusulas de mitigación, más litigios potenciales— y reducen el apetito de inversión. La obsolescencia normativa se convierte así en un sobrecosto estructural para producir, contratar e innovar en la República Dominicana.

En las últimas décadas el Estado ha modernizado con mucha más intensidad el derecho penal y el derecho societario que la legislación civil, procesal civil, laboral, inmobiliaria y comercial. En lo penal se pasó del modelo inquisitivo al acusatorio, se creó y reformó el Código Procesal Penal, se redefinieron plazos y mecanismos de salida anticipada, y se impulsó la digitalización. En lo societario, la Ley 479-08 y la Ley 31-11 sustituyeron el viejo esquema del Código de Comercio por un régimen especializado con SRL moderna, SAS, EIRL y mejores reglas de gobierno corporativo y transparencia. En cambio, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil siguen siendo, en lo esencial, estructuras de raíz napoleónica retocadas por reformas parciales.

El derecho laboral ilustra con particular claridad el desfase. El Código de Trabajo de 1992 fue avanzado para su tiempo, pero el mundo laboral se ha transformado: teletrabajo, economía de plataformas, tercerización, nuevas formas de discriminación y acoso, automatización. Hoy se discute en las cámaras legislativas una reforma integral del Código de Trabajo, con posiciones encontradas entre empleadores y sindicatos. Esa discusión ilustra hasta qué punto el país necesita que todos los sectores —empresariales, sindicales, políticos y sociales— se aboquen a una negociación sincera y abierta que, sin violar la ley, rompa parámetros tradicionales y busque deliberadamente la competitividad del país, combinando flexibilidad económica con protección efectiva de derechos.

En el ámbito inmobiliario y comercial los avances han sido más bien parciales: mejoras técnicas en registro, deslinde y regularización, y una digitalización que ayuda, pero sin una gran sistematización que integre catastro, financiamiento y resolución ágil de disputas. En paralelo, el país ha dado pasos importantes con la aprobación de una ley moderna de arbitraje y de un régimen de reestructuración y liquidación mercantil. Estos instrumentos alinean a la República Dominicana con prácticas internacionales en solución alternativa de conflictos e insolvencia y ofrecen vías más eficientes para gestionar controversias y crisis empresariales. No obstante, su potencial se ve limitado cuando el resto del ecosistema normativo —civil, procesal civil, laboral e inmobiliario— no se actualiza a un ritmo similar ni se articula de manera orgánica con estas herramientas.

En un entorno económico y regulatorio que cambia con gran rapidez, la “vida útil” de una reforma profunda es cada vez más corta. No basta con haber modernizado bien el derecho societario hace quince años ni con incorporar arbitraje y reestructuración; la juventud formal de una ley ya no garantiza su actualidad material. El costo de no actualizar, o de hacerlo tarde, se manifiesta en más litigios, menor previsibilidad, mayor informalidad laboral, proyectos inmobiliarios retrasados y pérdida de atractivo frente a jurisdicciones que ajustan de forma continua su marco civil, laboral y de negocios.

Por eso, más que reformas aisladas, el país necesita una agenda legislativa priorizada en función del desarrollo, que coloque en el centro la seguridad jurídica y la modernización de las áreas rezagadas. Esa agenda debería combinar la experiencia ganada en las reformas penales y societarias, aprovechar los avances en arbitraje y reestructuración mercantil y, al mismo tiempo, propiciar espacios de diálogo donde todos los sectores se comprometan con una negociación genuina, abierta y orientada al futuro, capaz de romper inercias sin romper la ley y de alinear la legislación con la competitividad que la República Dominicana necesita. Solo así será posible cerrar la brecha entre realidad y norma y dejar atrás la lógica de un sistema jurídico a dos velocidades.

Raymundo J. Haché A.