La dirección general de higiene y seguridad industrial

Hay instituciones que valen por lo que hacen, pero también —y quizás sobre todo— por lo que son. La Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana es, en su mejor versión, una de ellas: un organismo técnico, de vocación preventiva, cuya autoridad no emana de la política sino de la ciencia aplicada al mundo del trabajo. Preservar esa naturaleza no es un asunto de preferencia administrativa; es una condición de supervivencia institucional.

Seamos claros desde el principio. Gestionar para prevenir riesgos laborales no es para políticos, es para técnicos.

El sistema de organización del Ministerio de Trabajo dominicano, tanto en su ley orgánica como en los decretos que ordenan su estructura interna, concibe a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) como una dependencia que responde directamente al ministro. No a un viceministro. Al ministro. Esta distinción, que puede parecer protocolar a quien la lee con prisa, es en realidad una brújula de orientación institucional de primer orden. El legislador y el ejecutivo, cuando diseñaron esa arquitectura, entendieron que los asuntos técnicos de la seguridad y salud en el trabajo requieren una línea de mando que no pase por filtros de conveniencia política.

El problema es que la práctica tiende a corroer lo que el derecho construye. En no pocas ocasiones, los viceministerios —cuyos titulares son, por naturaleza, cuadros de confianza política del gobierno de turno— han operado como eslabones interpuestos entre la Dirección y la autoridad ministerial. Eso no es una anomalía menor. Es una distorsión estructural que compromete la independencia técnica que la propia norma garantiza. Cuando un profesional de la higiene ocupacional debe hacer pasar sus criterios por el tamiz de alguien cuya designación obedece a cálculos electorales, la objetividad técnica no queda herida: queda subordinada.

La cuestión que urge plantear, entonces, no es si la Dirección General de Higiene debe mantener su autonomía técnica. Eso ya está establecido. La pregunta es si debe conformarse con mantenerla o si tiene la obligación institucional de incrementarla. La respuesta, a juicio de quien observa el sector con atención, es inequívoca: no basta con conservar lo que existe; hay que fortalecer activamente los mecanismos que protegen la independencia técnica de esa dirección general frente a cada nuevo ciclo electoral.

Esa independencia no es privilegio corporativo ni trinchera burocrática. Es una garantía para los trabajadores dominicanos. Un inspector que actúa bajo presión política no inspecciona: valida. Un analista técnico que teme represalias por emitir un criterio desfavorable a determinada empresa o a determinado funcionario no ejerce la prevención: la simula. La siniestralidad laboral, que en la República Dominicana sigue siendo una deuda pendiente con la dignidad del trabajo, no se reducirá con buenas intenciones ni con campañas de sensibilización si los órganos técnicos del Estado carecen de la fortaleza institucional para actuar con independencia real.

Los estándares internacionales son elocuentes al respecto. Los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo —ratificados por la República Dominicana— establecen que los organismos de inspección del trabajo deben estar estructurados de manera que garanticen la imparcialidad de sus funcionarios frente a cualquier cambio de gobierno y frente a cualquier influencia exterior indebida. Ese principio, leído en clave dominicana, no es una aspiración académica: es una norma vigente que el Estado está obligado a honrar, comenzando por asegurar que la Dirección General de Higiene no sea capturada, ni formal ni informalmente, por la lógica del clientelismo político.

Incrementar la autonomía técnica de la Dirección no implica desconectarla del Ministerio ni crear una entidad paralela. Significa exactamente lo contrario: que la Dirección opere con plena fidelidad al ministro de turno —cualquier ministro, de cualquier gobierno—, pero al margen de las presiones que puedan ejercer quienes ocupan posiciones políticas intermedias. Significa que sus criterios técnicos se construyan desde la evidencia, que sus actuaciones respondan a planes elaborados con rigor científico, y que sus funcionarios cuenten con la estabilidad profesional necesaria para no doblegarse ante quien llegue al poder con otros intereses.

Una Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial técnicamente autónoma es, en última instancia, un activo del Estado dominicano. No del gobierno que la administre en un momento dado. No del partido que controle el ministerio en un período determinado. Del Estado. Y esa distinción, entre Estado y gobierno, es la que debe guiar cualquier reforma seria del modelo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la República Dominicana. Las normas que la amparan ya están escritas. Lo que hace falta es la voluntad política de honrarlas en cada transición de gobierno, en cada nombramiento de viceministro, en cada decisión que defina quién manda sobre qué. Más técnica, más independencia, más prevención. Ese es el camino. Y la ley, en este caso, ya lo señala.

Lo que la DGHSI necesita no admite ambigüedad: más recursos, más técnicos y más independencia. Pero necesita también algo que solo el Congreso Nacional puede darle: autoridad legal para intervenir. La modificación del Código de Trabajo que cursa actualmente en el poder legislativo representa una oportunidad histórica que no puede desperdiciarse. Es el momento de otorgar a los técnicos de la Dirección General de Higiene las mismas facultades de intervención que hoy tienen los inspectores de trabajo, de manera que puedan actuar de oficio ante cualquier empresa que viole las normas de salud y seguridad laboral, sin necesidad de aguardar denuncia ni autorización política.

El modelo existe: la OSHA en los Estados Unidos y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España demuestran que un cuerpo técnico con autoridad real reduce la siniestralidad, protege vidas y genera confianza en el aparato del Estado. La República Dominicana no tiene que inventar nada; tiene que decidir si está dispuesta a aplicarlo. Y esa decisión no es solo administrativa ni legislativa. Es, ante todo, una decisión ética: la salud y la seguridad en el trabajo son derechos constitucionales. No beneficios. No concesiones. Derechos. Y ningún derecho constitucional puede quedar a merced de la política de turno, de la presión de un grupo de interés o de la debilidad institucional de quien debe hacerlo cumplir. La reforma del Código es la ocasión para que ese Estado reconozca su deuda y la comience a saldar.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.