Cárceles dominicanas: avances en la reforma, pero persisten el hacinamiento y deficiencias de salud
Defensa Pública documentó 6,913 reclusos por encima de la capacidad instalada y 15,025 presos preventivos
Omar Santana
El sistema penitenciario dominicano registra avances en infraestructura, educación y rehabilitación, pero continúa enfrentando problemas de hacinamiento, uso elevado de la prisión preventiva, deficiencias en los servicios médicos y condiciones inadecuadas de alojamiento, según el Informe de las condiciones de detención y de prisión 2025, elaborado por la Oficina Nacional de Defensa Pública.
El levantamiento, publicado en agosto de 2026, evaluó 45 centros penitenciarios, de los cuales 24 estaban sobrepoblados y 21 funcionaban dentro de su capacidad instalada.
En conjunto, estos establecimientos tenían espacio para 16,357 personas, pero albergaban a 23,270 internos, una diferencia de 6,913 reclusos que situaba la ocupación en el 142.26 % de su capacidad.
La institución concluyó que estas condiciones afectan principalmente a las cárceles tradicionales, donde todavía se documentan presos que duermen en baños, pasillos, debajo de camas y en estructuras improvisadas.
Sin embargo, el informe también reconoce la construcción de nuevas instalaciones, el traslado progresivo de internos de La Victoria hacia Las Parras y la ampliación de programas educativos y laborales en distintos establecimientos.
La prisión preventiva continúa siendo el principal desafío
Uno de los problemas identificados es la elevada proporción de personas encarceladas sin condena definitiva.
Al cierre de 2025, 15,025 internos permanecían en prisión preventiva, equivalentes al 64.57 % de la población penitenciaria registrada.
Otros 8,156 figuraban como condenados mediante sentencia definitiva.
La Defensa Pública señala que la utilización de la prisión preventiva continúa alejándose de su carácter excepcional y que su incidencia ha aumentado respecto de informes anteriores, cuando superaba ligeramente el 60 %.
- A juicio del organismo, esta situación incrementa la demanda de espacios, dificulta la administración de los establecimientos y ejerce presión sobre los servicios de alimentación, salud, seguridad y educación.
La composición de la población penitenciaria también muestra una predominancia masculina: 22,563 hombres, equivalentes al 96.96 %, y 707 mujeres, el 3.04 %.
El informe registra, además, 2,045 extranjeros y una población de 292 niños, niñas y adolescentes en los centros especializados evaluados.
Presos duermen en baños y espacios improvisados
Las condiciones más críticas de alojamiento aparecen en determinadas cárceles tradicionales.
En la fortaleza San Fernando de Montecristi, los inspectores encontraron aproximadamente 15 hombres que dormían en el área de los baños, entre humedad, oscuridad y malos olores.
Otros internos utilizaban colchones, cartones y estructuras improvisadas para descansar.
En Nagua, la Defensa Pública documentó presos que dormían sobre piletas, en pasillos y en hamacas suspendidas mediante clavos, conocidas como ranas aéreas, que, según el informe, se desprenden y provocan caídas.
- La fortaleza La Concepción, de La Vega, albergaba 1,909 personas en una estructura diseñada para 730. De sus internos, 1,666 estaban en prisión preventiva.
En San Juan de la Maguana, el levantamiento registró 482 reclusos, muchos de los cuales utilizaban el piso para dormir ante la falta de espacios adecuados.
La Defensa Pública también identificó filtraciones, ventilación insuficiente, deterioro de instalaciones eléctricas y sanitarios en condiciones precarias.
En el caso de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, los inspectores encontraron cucarachas, humedad y problemas de higiene que, según el organismo, representan riesgos para la salud de las personas detenidas.
La atención médica, entre las principales deficiencias
El acceso a servicios de salud constituye otro problema recurrente.
Aunque algunos centros disponen de médicos generales, enfermeras y especialistas, la institución encontró establecimientos sin personal suficiente, equipos básicos, medicamentos esenciales ni instalaciones apropiadas.
En varias cárceles, los médicos deben recurrir a donaciones o gestionar medicamentos directamente en hospitales públicos porque los suministros institucionales resultan insuficientes.
El informe identifica dispensarios que carecen de glucómetros, oxímetros, nebulizadores, equipos de sutura y otros instrumentos necesarios para atender enfermedades crónicas y emergencias.
La salud mental presenta dificultades adicionales. En algunos establecimientos existe un solo psicólogo para toda la población penitenciaria, mientras que la atención psiquiátrica depende de visitas ocasionales de especialistas externos.
La Defensa Pública documentó también que adolescentes recluidos en Santiago dependen de sus familiares para recibir medicamentos psiquiátricos, debido a que estos tratamientos no son suministrados institucionalmente.
Alimentación, traslados y denuncias de maltrato
La calidad y regularidad de la alimentación varían entre establecimientos.
El informe reconoce mejoras en algunos recintos, pero también identifica escasez de vegetales, leche, huevos y otros productos básicos.
En varias cárceles se mantiene una dieta repetitiva, con predominio de arroz, habichuelas y carnes, sin alternativas adecuadas para personas con determinadas condiciones médicas.
Otro problema es la disponibilidad de vehículos para los traslados judiciales y hospitalarios.
Algunos centros cuentan con una sola unidad para atender las necesidades de cientos de reclusos, lo que obliga a solicitar apoyo a otras instituciones y puede retrasar audiencias o consultas médicas.
El levantamiento también recoge situaciones relacionadas con el trato a los internos.
En Batey Bienvenido, Santo Domingo Oeste, los inspectores documentaron lesiones en cuatro reclusos presuntamente agredidos e identificaron a otra persona que llevaba ocho meses sin acceso a la luz solar.
La Defensa Pública recomendó investigar al personal penitenciario involucrado y remitir las evidencias al Ministerio Público.
El documento no precisa si esas recomendaciones fueron ejecutadas posteriormente.
Pese a las deficiencias, la institución destaca varios resultados positivos.
Uno de los principales es el inicio del cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado progresivo de sus internos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
La Defensa Pública considera que esta medida representa un avance en la transformación del sistema penitenciario, debido al deterioro y hacinamiento que históricamente han caracterizado a La Victoria.
También reconoce las gestiones para construir y habilitar centros modernos en provincias como Bonao, Cotuí y Baní, así como los esfuerzos para disponer de terrenos destinados a nuevas instalaciones para adolescentes en La Vega.
En materia de rehabilitación, el documento identifica avances mediante programas educativos, universitarios, deportivos y de capacitación laboral.
Estas iniciativas se desarrollan con el apoyo del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y distintas universidades.
La institución reconoce que estas actividades han permitido ampliar las oportunidades de formación para cientos de personas privadas de libertad.
Las prioridades pendientes
La Defensa Pública concluye que los principales desafíos son reducir la prisión preventiva, descongestionar los centros sobrepoblados y mejorar la atención médica, la alimentación y las condiciones de alojamiento.
También considera necesaria la aprobación del reglamento de aplicación de la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional.
- El balance institucional reconoce progresos en la modernización de las instalaciones y los programas de rehabilitación, pero establece que la transformación penitenciaria todavía no se refleja de manera uniforme en las condiciones de reclusión del país.
La reducción del hacinamiento y el acceso efectivo a servicios esenciales permanecen entre los principales asuntos pendientes de la reforma.
Omar SantanaPeriodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.