Piden prisión preventiva para médico de Higüey por presunta falsificación de certificado
Un peritaje de la Policía Científica habría determinado que la firma y el sello colocados en el documento no coinciden con los originales
El imputado niega haberlo confeccionado
Diario Libre
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Yorkis Darío Espiritusanto Núñez, médico del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, acusado de presuntamente falsificar la firma y el sello del director del centro de salud para emitir un certificado de nacido vivo.
El sometimiento representa un nuevo giro en un caso que salió a la luz a finales de junio y que inicialmente provocó una investigación administrativa y la suspensión por 60 días del profesional. Diario Libre había informado el 1 de julio sobre las pesquisas en torno a una supuesta irregularidad en la emisión de certificados de nacido vivo y, dos días después, sobre la suspensión dispuesta por el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Ahora, el expediente judicial revela parte de las evidencias recopiladas por las autoridades y las versiones enfrentadas sobre cómo se habría obtenido uno de esos documentos.
¿Cómo puedes saber si un médico o centro de salud está habilitado por autoridades sanitarias?
Según la solicitud de medida de coerción, depositada el 7 de agosto, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el director del hospital, Juan Félix Medina, quien afirmó que su firma y el sello institucional habían sido utilizados sin autorización en una certificación fechada el 17 de marzo de 2026.
El documento estaba relacionado con la declaración de nacimiento de un niño que, al momento de los hechos investigados, tenía siete años.
El peritaje
Uno de los principales elementos incorporados al expediente es el certificado de análisis forense número 3408-2026, elaborado por la División de Documentoscopía Forense de la Policía Científica.
Los peritos compararon la firma colocada sobre el nombre de Juan Félix Medina con muestras de su escritura y analizaron el sello estampado en la certificación frente a muestras auténticas proporcionadas por el hospital.
La conclusión fue que la firma no coincide con las muestras caligráficas del director y que el sello tampoco corresponde al utilizado oficialmente por el centro, al presentar diferencias de tamaño, color y forma de las letras. Esas conclusiones figuran en las páginas 20 y 21 del expediente.
El propio hospital había certificado previamente que el documento presentado no correspondía al formato oficial utilizado por la institución y que tanto la firma como el sello diferían de los empleados por su dirección.
Padre dice que pagó entre RD$12,000 y RD$13,000
La investigación contiene además el interrogatorio al padre del menor para cuya declaración aseguró haber solicitado el certificado.
Declaró ante el Ministerio Público que consiguió el contacto del doctor Espiritusanto a través de otra persona y que acordó pagarle entre RD$12,000 y RD$13,000 para obtener el documento.
De acuerdo con su versión, envió fotografías de la documentación necesaria y varios días después recibió el certificado.
Cuando los fiscales le preguntaron para qué necesitaba el documento, respondió que buscaba realizar la declaración de su hijo de siete años, quien, aseguró, había nacido en el propio Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia.
La solicitud de coerción sostiene que Espiritusanto habría utilizado su condición de médico del centro para facilitar la documentación y atribuye provisionalmente los hechos a una violación del artículo 145 del Código Penal. El Ministerio Público considera que existe riesgo de fuga y solicitó la medida más gravosa contemplada en el Código Procesal Penal.
El médico niega haber elaborado el documento
Espiritusanto, sin embargo, rechazó haber realizado el certificado durante su interrogatorio del 7 de agosto.
El médico declaró que conoció indirectamente el caso porque una persona le pidió orientación para declarar a un niño y sostuvo que únicamente puso al interesado en contacto con una empleada del área de nacidos vivos del hospital.
“Yo nunca hice ningún documento”, establece su declaración incorporada al expediente.
Al ser cuestionado sobre el pago de RD$12,000 o RD$13,000, afirmó que pudo haber mencionado que esa cantidad podría ser cobrada por la persona a la que había referido al interesado, aunque dijo no recordar haberlo hecho. Agregó que posteriormente entendió que el servicio es gratuito y que no puede cobrarse por él.
Espiritusanto también explicó que trabajaba como médico general en el hospital desde 2019 y confirmó que fue suspendido por 60 días cuando comenzó la investigación administrativa.
El expediente recoge, además, una afirmación del Ministerio Público según la cual el médico había sido objeto en 2021 de una acción disciplinaria por un hecho similar. Esa referencia forma parte de la teoría de la Fiscalía y el documento suministrado no contiene una sentencia penal previa por esos hechos.
De una pesquisa administrativa al proceso penal
Cuando el caso se conoció públicamente en julio, el hospital informó que había activado sus protocolos internos y remitido la investigación a las autoridades. Posteriormente, el SNS suspendió al empleado mientras avanzaban las pesquisas y el Comité de Ética conocía el expediente. El Colegio Médico Dominicano en La Altagracia pidió entonces respetar la presunción de inocencia mientras se establecían responsabilidades.
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