Contraloría detectó incumplimientos presupuestarios en el Mescyt durante 2023
Auditoría revela que acumulaba deudas con proveedores por 737,867,195.22 millones
El 91 % de las cuentas por pagar a proveedores correspondía a los programas de becas nacionales e internacionales
Ana Carolina Cueva Valenzuela
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) reveló que la institución acumulaba deudas vencidas con proveedores por 737,867,195.22 al 31 de diciembre de 2023, correspondientes a compromisos pendientes de pago desde 2018.
El hallazgo figura en un informe de 105 páginas, divulgado este viernes como parte de la primera publicación de auditorías a 24 instituciones públicas, luego de que el presidente Luis Abinader ordenara, el pasado miércoles 30 de septiembre, hacer públicos estos documentos.
Según el informe, las obligaciones pendientes estaban relacionadas con los programas de becas nacionales e internacionales, Lenguas Extranjeras, gastos administrativos y el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt).
El documento no identifica individualmente a los proveedores a los que corresponden los compromisos financieros.
Deudas en programas de becas
De acuerdo con los resultados de la auditoría, los programas de becas nacionales e internacionales concentraban 674,041,608.14 pesos en obligaciones pendientes al cierre de 2023, equivalentes al 91 % del total de las cuentas por pagar a proveedores del ministerio y al 97.5 % de la deuda morosa identificada.
De ese monto, el programa de Becas Internacionales acumulaba 376,165,672.57 pesos, mientras que las obligaciones correspondientes a Becas Nacionales ascendían a 297,875,935.57 pesos.
La Contraloría estableció que, entre diciembre y julio de 2024, el Mescyt realizó pagos por 158,921,039.03 pesos a proveedores del programa de Becas Internacionales, lo que permitió reducir el balance pendiente a 217,244,633.54 pesos.
Este último monto correspondía a obligaciones con atrasos superiores a dos años, según el informe.
En cuanto a las Becas Nacionales, la institución efectuó pagos por 139,603,784.32 pesos durante el mismo período, con lo que disminuyó la deuda a 158,272,151.25 pesos.
En conjunto, ambos programas mantenían obligaciones pendientes por 375,516,784.79 pesos a julio de 2024.
Compromisos financieros desde 2018
El informe también evidencia que parte de los compromisos financieros del Mescyt se arrastraban desde el ejercicio presupuestario de 2018, sin que hubieran sido saldados al cierre de 2023.
La mayor proporción de las obligaciones correspondía precisamente a ese año cuando se acumularon 479,283,653.93 pesos.
El desglose de las deudas por año presentado en la auditoría es el siguiente:
Año Monto adeudado
- 2018: 12,787,200.33 pesos
- 2019: 86,216,611.41 pesos
- 2020: 52,119,107.71 pesos
- 2021: 44,842,608.76 pesos
- 2022: 62,618,013.08 pesos
- 2023: 479,283,653.93 pesos
- Total: 737,867,195.22 pesos
Además de las obligaciones relacionadas con becas, la auditoría identificó compromisos pendientes en otras áreas administrativas y programas institucionales.
En el programa de Lenguas Extranjeras, el Mescyt registraba una deuda de 7,192,888.00 pesos al cierre de 2023. De esa cantidad, había pagado 5,990,845.60 pesos hasta julio de 2024, por lo que mantenía un balance pendiente de 1,202,042.40 pesos.
En gastos administrativos, las cuentas por pagar ascendían a 19,253,629.64 pesos. Tras realizar desembolsos por 11,810,005.81 pesos, el saldo se redujo a 7,443,623.83 pesos.
Mientras que, en el Fondocyt, las obligaciones acumuladas alcanzaban 37,379,069.44 pesos, de los cuales se habían pagado 36,517,859.42 pesos al 31 de julio de 2024, quedando pendientes 861,210.02 pesos.
Otro hallazgo de la autoría fue la no localización de 30 vehículos en el conteo físico de los medios de transporte de la institución. De esos 30, cinco contaban con póliza de seguros activos durante el periodo auditado.
Incumplimientos en la gestión de recursos
La Contraloría señaló que la acumulación de obligaciones vencidas constituye un incumplimiento de disposiciones presupuestarias y de control interno que regulan la administración de los recursos públicos.
En ese sentido, citó el artículo 57 de la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que establece el tratamiento que deben recibir los gastos devengados y no pagados al cierre de cada ejercicio fiscal.
Conforme a esta disposición, las obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2023 debían ser canceladas durante el ejercicio siguiente, utilizando los saldos disponibles en caja y bancos o imputándolas a las apropiaciones presupuestarias correspondientes.
El organismo fiscalizador también identificó incumplimientos de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) de Segundo Grado número 4, específicamente en las pautas ADC-3-004.1, ADC-3-004.2, ADC-3-004.4 y ADC-3-004.7, relacionadas con la administración y mitigación de riesgos de las cuentas por pagar a corto plazo.
Según el informe, estas deficiencias representan riesgos de mostrar cifras que no reflejen adecuadamente la situación financiera de la institución, así como de mantener obligaciones sin las apropiaciones presupuestarias necesarias para su cancelación.
- La Contraloría también advirtió sobre el incumplimiento del Decreto 15-17, relativo al control del gasto público.
Respuesta del Mescyt
En respuesta a los hallazgos, el Mescyt informó que, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, realizó pagos por 352,843,534.18 pesos, equivalentes a aproximadamente el 48 % de la deuda.
Asimismo, aseguró que, al 30 de abril, había logrado reducir el balance pendiente a 108,105,928.00 pesos.
La institución atribuyó parte de los retrasos en la cancelación de las obligaciones más antiguas a que estas correspondían a administraciones anteriores.
Explicó que una de las dificultades para regularizar esos compromisos era la localización de los expedientes históricos y las tablas de amortización requeridas por la Contraloría para verificar y tramitar los pagos.
Como parte de las medidas planteadas, el ministerio indicó que evaluaría solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) la eliminación de los registros contables correspondientes a deudas antiguas que ya no fueran exigibles por los proveedores, con el propósito de reconocerlas contablemente como ingresos.
No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo en su informe final, pese a las explicaciones y los pagos reportados por la institución.
El organismo recomendó revisar las cuentas por pagar existentes para determinar cuáles obligaciones proceden ser saldadas, con el objetivo de depurar los registros contables y reflejar adecuadamente la situación financiera del ministerio.
También instó a fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de las cuentas pendientes.
En particular, recomendó que la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y el Departamento de Contabilidad del Mescyt realicen un análisis de las causas que originaron la acumulación de obligaciones de ejercicios anteriores.
La finalidad, según el documento, es adoptar medidas que permitan evitar situaciones similares y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 15-17 sobre control del gasto público.
Publicación de auditorías
La divulgación de este informe forma parte del proceso iniciado este viernes por la Contraloría General de la República para hacer públicos los resultados de las auditorías realizadas a instituciones estatales a partir de agosto de 2020.
La publicación se produjo después de que Diario Libre revelara que cientos de informes de auditoría permanecían fuera del acceso público y que la Contraloría se había negado a entregarlos a este medio de comunicación.
Tras esas revelaciones, el presidente Luis Abinader instruyó al organismo fiscalizador publicar los documentos.
La primera entrega comprende informes correspondientes a 24 entidades públicas, entre ministerios, hospitales y organismos de seguridad.
La Contraloría realizará la divulgación de manera progresiva. Estos informes corresponden a auditorías internas del Poder Ejecutivo y son independientes de las fiscalizaciones externas que realiza la Cámara de Cuentas.
Ana Carolina Cueva ValenzuelaPeriodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.